“Sí, señor juez” dijo frente al magistrado Elvio Garzón el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos y ex diputado provincial del PJ, José Ángel Allende. La pregunta, textual y formal, que se difundió en los portales locales es la siguiente: “¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron?”.

Durante el juicio, Allende admitió que durante los últimos 22 años se quedó con dinero del Estado. Ahora busca quedar en libertad devolviendo 1,2 millones de dólares de un total de “su” patrimonio, que es superior a los 4,5 millones de dólares.

Según la investigación, Allende logró su fortuna a través de su vínculo con la política y su “estrecha” relación con los diferentes gobernadores entrerrianos.

A raíz de ese delito Allende quedaría inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y en el marco del acuerdo con la fiscalía se prevé que devuelva 3 millones de pesos en efectivos y dos inmuebles: una casa ubicada en el Parque Urquiza, con vista al Río Paraná, valuada en 720.922 dólares; y otra de 378.289 dólares.

El acuerdo presentado ante la Fiscalía incluye un beneficio para el gremialista para evitar ir a prisión, porque la pena establecida es de dos años y ocho meses.

Además, el dirigente peronista, quien está acusado públicamente por hostigamientos, desde la década del 90 es uno de los dirigentes más relevantes del poder político entrerriano: con su confesión pone en aprietos a los últimos gobernadores de la provincia litoraleña.