El intendente de San Miguel denunció que volvieron más de 20 presos liberados

El intendente de San Miguel denunció que hay casos de internos por robo y abuso sexual que volvieron al distrito.

El rechazo a la liberación de presos en el marco de la pandemia viene escalando en la provincia. El intendente de San Miguel, Jaime Méndez, fue el primero de los alcaldes del Conurbano en salir a manifestar fuertes críticas a la medida.

Méndez aseguró que en los últimos días más de 20 presos volvieron a sus domicilios en ese distrito. Según explican desde San Miguel, los presos que cumplen con prisión domiciliaria cuentan con condenas por estafas reitereadas, tenencia de arma, robo agravado, privación ilegal de la libertad, extorción, abuso sexual, encubrimiento, robo calificado, robo con arma de fuego, estafa, comercio de estupefacientes, corrupción de menores, tráfico ilegal de estupefacientes y violencia agravada por el vínculo.

«Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del Coronavirus. Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución», escribió el jefe comunal en su cuenta de Twitter.

De las cárceles bonaerenses salieron unos 753 presos de las cárceles bonaerenses y más de 200 de las federales. En la provincia comenzó a liberar internos tras un habeas corpus colectivo firmado por el juez de Casación, Víctor Violini.

Todo ocurre en el marco de una crisis carcelaria con conflictos en la mayoría de las unidades penales y con dos motines violentos como fue el de Melchor Romero y Florencio Varela. En este último, incluso murió uno de los internos, al parecer a causa del disparo del arma de uno de los guardiacárceles.

Esos incidentes apuraron el reclamo de los jueces penales de la Provincia por una «solución política» para resolver la superpoblación, las falencias de alimentación de los detenidos y la violencia intramuros en medio de la pandemia por el coronavirus.

Sin embargo, la oposición considera que un sector del gobierno tenía intenciones de avanzar con una liberación masiva apenas asumió Axel Kicillof. Quien había planteado la idea fue la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo de Derechos Humanos que participa de una mesa de diálogo instrumentada por el ministro de Justicia, Julio Alak apenas asumió para discutir el drama de la superpoblación carcelaria en la provincia.

Desde ese organismo mantienen la postura de liberar entre 10.000 y 15.000 presos, algo que desmintieron desde el ministerio de Justicia. Así lo manifestó Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y seguridad democrática del organismo en enero cuando esa mesa de diáligo empezó a articular en la provincia.

Según el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, «el principio general» en la Provincia de Buenos Aires «no es liberar» presos, sino ocuparse «solamente de los grupos de riesgo» dentro de las cárceles en el contexto de pandemia de coronavirus, en líneas con las declaraciones del presidente Alberto Fernández.

«El Servicio Penitenciario Bonaerense definió que ese universo (grupos de riesgo) estaba integrado por 2.300 personas, por edad o patologías previas; después de analizar esto, los defensores debían ver qué penas estaban cumpliendo y por qué delitos, y luego solicitar domiciliarias o morigeraciones», explicó el procurador en radio La Red.

Este martes, Alak desmintió una información periodística sobre la existencia de un plan para liberar detenidos y agregó que «la Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias».

Además, le tiró la pelota a Conte Grand al explicar que los pedidos de prisiones domiciliarias son solicitados por los defensores que dependen de la Procuración. También aclaró que de este órgano dependen los fiscales que están habilitados para consentir o apelar las resoluciones.

La situación en las 58 unidades penitenciarias de la provincia es compleja y quedó revelada en el último informe del tribunal de Casación Penal. Según ese trabajo, hay encarceladas más de 50.000 personas cuando la capacidad penitenciaria está preparada para 25.000 internos. El régimen está completamente colapsado.

*Fuente: La Política Online