Las entidades representativas del agro, canalizadas en la Mesa de Enlace, activaron las alarmas tras los diferentes anuncios del Gobierno, prestando especial atención a aquellos relacionados con la exportación de carnes. A su vez, reiteraron el pedido de audiencia con funcionarios del oficialismo.

El disparador del conflicto es un decreto del Gobierno que se asimila a la creación de los ROE del 2008 (Registros de Operaciones de Exportación). «Con la experiencia vivida en el pasado, estamos convencidos de que la reaparición de estos controles redundantes y burocráticos al comercio agropecuario, solo generarán la caída de la producción y el arribo de operaciones encubiertas, tal como sucedió con las producciones de trigo, maíz y carnes», señalaron.

«No sólo no hubo respuestas de parte de los funcionarios sino que, contradiciendo su compromiso una vez más, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de hoy la puesta en marcha de una nueva Declaración Jurada de Operaciones de Exportaciones de Carne (DJEC)», señalan desde las entidades. «Esta medida recuerda a los nefastos ROE, por medio de los cuales se restringían y direccionaban discrecionalmente las exportaciones de bienes de origen agropecuario, y causaron un daño irreparable a la producción. Asimismo, en el día de ayer también se publicó la Resolución 60, que establece una serie de resoluciones y cumplimientos para quienes deseen exportar», agregaron.

Alberto Fernández prometió dialogar con el sector antes de tomar medidas de alto impacto. Sin embargo, actualmente, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, esquiva la reunión que el campo propone, por ello, las diferentes entidades mostraron preocupación.

En este marco, resaltan las declaraciones de el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotoo, el cual señaló que «el intervencionismo erosiona la confianza. Medidas como éstas irritan por su burocracia y discrecionalidad política». También, en un tono más claro y confortativo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, mencionó que «es increíble como nuestros funcionarios no aprendan de los errores del pasado y vuelven a cometerlos una y otra vez. Es grave, además, porque muestra que no nos escuchan y que no tienen ninguna voluntad de diálogo. Una medida nefasta por donde se la mire».