A poco más de un mes de las masivas protestas convocadas a través de las redes sociales, el gobierno de Cuba aprobó la semana pasada un conjunto de normativas que tipifican por primera vez los delitos de internet que pueden estar sujetos a una acción penal.

En estas se consideran como “incidentes de ciberseguridad” desde ataques de virus y “fallos eléctricos” hasta la posibilidad de usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema.

En los medios oficiales la calificaron como “la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones” y aseguran que se busca ofrecer lo que definen como “una internet ética y buena para la población”.

Publicaciones que reflejan el malestar de la población cubana.

Caso contrario ocurre con los ciudadanos cubanos que, a través de redes sociales, la han llamado una nueva “ley mordaza”, que busca limitar la expresión y coartar su discurso. 

Para expertos en regulación de internet y organizaciones de derechos humanos, estas medidas buscan eliminar el debate público y, a diferencia de lo que han hecho otros países, las nuevas regulaciones parecen tener una matriz ideológica y están orientadas a detener cualquier crítica al sistema.

Es grave por lo que dice y por el momento en el que se publica, a un mes de las protestas, cuando la comunidad internacional esperaba un paso más hacia escuchar a su población y no hacia reprimir más el discurso“, aseguró Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diálogo con BBC Mundo.

Cuba solo tiene un proveedor de servicios de Internet y le pertenece al Estado.

Considera que, por un lado, no se reconocen los derechos humanos ni la libertad de expresión. Y, por el otro, se ve desde un enfoque criminal y de guerra lo que se puede o no publicar en internet.

Además, estas leyes establecen 17 delitos, con “niveles de peligrosidad” que van de “medio” a “muy alto” y en muchas ocasiones es el contenido político el que determina la peligrosidad.

Por ejemplo, no menciona combatir la pornografía infantil como otras regulaciones internacionales, solo menciona la pornografía como “difusión y distribución” de “material pornográfico”, y con un nivel de peligrosidad “medio”

Meme publicado en redes sociales tras darse a conocer las medidas

Pero considera de una peligrosidad “muy alta” la “subversión social” y la define como “pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social”, el ciberterrorismo, entendido como acciones para “subvertir el orden constitucional” o “la ciberguerra”, a la que llama “métodos de guerra no convencional”.

También considera altamente peligroso la “divulgación de noticias falsas”, los “mensajes ofensivos” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”, sin especificar tampoco en qué consiste cada una de ellas, aunque encabezan la lista de delitos.