A comienzos del 2020, los mendocinos obligaron al gobernador Rodolfo Suárez a retroceder en una reforma que habilitaba la minería metalífera con el uso de cianuro y ácido sulfúrico. Este verano le tocó a Chubut, el gobernador Mariano Arcioni, no pudo imponer al rechazo social de su proyecto de rezonificación minera que habilitaba la explotación química, de plata, cobre y plomo en departamentos como los Telsen y Gastre. Actualmente, les toca a los ciudadanos de Andalgalá defender la localidad conocida como “La Perla del Oeste” (ubicada a 40 km de San Fernando del Valle de Catamarca) contra el proyecto de Agua Rica, una iniciativa de explotación de oro, cobre, plata y molibdeno.

En el 2010, un grupo de científicos catamarqueños presentó un informe que les llevó cinco años de estudio. Detallaron la aparición de enfermedades raras por la zona, y compararon su incidencia a nivel país. “El cáncer de hueso es tres veces más alto. La incidencia de Esclerosis Múltiple, 500% más alta. Los casos de cáncer son 800% más frecuentes. Las respiratorias en niños son superiores al 300%”. Conclusión: la explotación minera a cielo abierto, en actividad desde los últimos 12 años, contamina el medio ambiente. Los diagnósticos médicos son la prueba.

“Es un gran negocio a costa de nuestra salud”, explica Griselda ‘Chela’ Igna, líder de la asamblea que reúne a los vecinos contra la minería. Ella sufre de lupus e hipertiroidismo. En el 2016, un equipo del CONICET liderado por Margarita Diana Do Campo investigó los componentes hidroquímicos de cinco ríos del departamento de Andalgalá. El informe mostró que “los niveles de Cobre, Cromo y Plomo exceden los niveles guía de calidad de agua para protección de vida acuática”. Y que tres de esos ríos, los que por ser de mayor caudal abastecen al pueblo de agua potable y riego, presentan Manganeso “en valores que exceden los máximos permitidos para agua de consumo humano del código alimentario argentino”.

Quien incumple con las leyes es la empresa minera Yamana Gold: infringe dos resoluciones dictadas por la Secretaría de Minería (actual Ministerio de Minería) de 2009, en las cuales se manifiesta la prohibición del tránsito minero por los caminos comuneros de Choya y Potrero; viola la Ley General del Ambiente, la Ley de Glaciares y Ambientes Peri-glaciares, la Ley de Bosques y también los Derechos Humanos garantizados en la Constitución y los Convenios internacionales que firmó Argentina. 

Además, Andalgalá cuenta con una ordenanza (029/2016) que prohíbe cualquier actividad minera en la cuenca del río Andalgalá. A pesar de que fue declarada inconstitucional por la Corte de Justicia de Catamarca en diciembre de 2020 (justo cuando Bajo La Alumbrera y Agua Rica se unieron para conformar el proyecto MARA), sigue vigente a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Nación.

La lucha de los vecinos tiene un objetivo claro: no permitir el avance de otra minera en la región. “Agua Rica”, operada por la empresa canadiense Yamana Gold, a 17 km de Andalgalá, llegó en 2006. Después de 15 años de activismo ambiental, el grupo de abogados que representa a los residentes obtuvo una orden judicial que frena el trabajo en la minera. Pero la medida fue ignorada por la empresa, que sigue con las excavaciones respaldada por el gobierno provincial. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Yamana Gold también tiene denuncias de violación de derechos humanos en Perú (Lagunas Norte), Chile (Proyecto Pascua Lama y Honduras (Proyecto Entre Mares). Y otras empresas canadienses con mismos inversores pero otras empresas suman denuncias en Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Panamá.

A cambio de la explotación de las tierras, la empresa y los políticos de turno prometieron la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas promesas se cumplió. Los vecinos afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá. El resto, todos “profesionales de Córdoba, Buenos Aires o extranjeros”. El intendente José Eduardo Perea, aliado de la empresa, admite cifras aún menores: “No hay más de 40 o 50 andalgalenses efectivos”.

A doce años del comienzo de las obras hay una decena de acusaciones: el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y la exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineroducto. Y ya existen demandas iniciadas por familias que debieron abandonar sus tierras por la contaminación del agua. Los vecinos descreen de los estudios de tierra y agua realizados por el gobierno provincial, lo señalan como cómplice de la compañía. Sí creen en un estudio técnico realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), el cual confirmó que el dique colas (la enorme olla que hace de basurero minero) tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona.

Después de años de explotación, Andagalá sigue siendo un pueblo pobre, con calles destruidas y sin servicios básicos, siendo Catamarca la provincia que más IFE necesitó en el inicio de la pandemia. El gobernador Raúl Jalil presume que se construyó un hospital con fondos de regalías mineras que en verdad es pura fachada, no posee agua caliente, no cuenta con especialistas ni calefacción.

El suelo es un recurso natural limitado como así también el agua es un recurso natural, ninguna de las dos es renovable. Sin embargo, a pesar del rol esencial que ambos tienen en nuestras vidas, el Gobierno Nacional, Provincial y las empresas mineras insisten en degradarla y malgastarla.