“Lo hacemos sobre la base del profundo respeto democrático que le debemos a los miles de santafecinos que nos eligieron para legislar de cara a ellos y con responsabilidad cívica, por fuera de mezquindades de poderes, acuerdos prematuros y aprovechamiento de situaciones dolorosas para sacar un rédito político-partidario”, explico Amalia Granata y agregó: “El proyecto de ley que se pone a consideración es muy similar al que fuera tratado en esta Cámara y sobre el que nos manifestamos con el voto negativo. NO ha cambiado en mucho, solo algún maquillaje nuevo, se cambian las palabras pero no el sentido y el único resultado que se logra es que las fuerzas mayoritarias sigan dilatando sus responsabilidades.”

“No es necesaria una Ley de Emergencia, de Necesidad o como la quieran llamar -según la instancia de negociación en que se encuentren-, para cumplir con la manda constitucional del derecho a la salud, a alimentarse, a la seguridad, a honrar las obligaciones generadas por la obra Pública, y las derivadas del cumplimiento de las funciones de gobierno, en fin, para gestionar y gobernar”, apuntó la diputada provincial.

Granta en el uso de su palabra, argumentó que no es necesario otorgar facultades extraordinarias para darle continuidad a la vida jurídica del estado, ya que los extremos que avalan tal declaración no se han cumplido.

La posición del Bloque SOMOS VIDA, respecto del endeudamiento es que estos deben ser con un fin específico y atender una situación en particular ya que el uso del crédito público para gastos corrientes utilizado indiscriminadamente, debe ser utilizado en el corto y mediano plazo ya que alimenta el gasto debilitando la inversión en infraestructura, que es la verdadera generadora de empleo genuino.

«Hay que ser claros y responsables en lo que se hace y dice. Esta ley solo pretende utilizar una crisis que se arrastra en el tiempo, ahora profundizada por la urgencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19. Esta lamentable combinación sirve de pantalla a un sin números de facultades extraordinarias que pretende el PE actual», disparó la legisladora Pro Vida.

Desde SOMOS VIDA, enfatizaron que las herramientas están y van acompañadas de la contracara de las obligaciones propias de gestionar y gobernar. Obligación y Facultad son las dos caras de la misma moneda. Es decir, así como el PE de turno tiene la obligación de prever los derechos también tiene las facultades para hacerlos realidad. En este caso basta la decisión política de plasmarlo en un decreto para coordinar acciones con los Ministerios para priorizar el gasto social y contención a los más vulnerables.

«Ponderamos la creación del Boleto Educativo Gratuito; el Régimen de Regularización de Deudas por recursos no tributarios del sector público provincial no financiero y el congelamiento de las tarifas, incluidos en el texto de la ley, pero entendemos que estas escasas bondades, no son suficientes para cambiar de opinión en cuanto a los aspectos negativos de la propuesta. Acompañarlo sería fundar las bases de un endeudamiento que desfinancia el gasto de capital con efectos negativos en la obra pública generadora de empleo genuino, y en el mediano plazo entorpece el saneamiento fiscal, agrava la situación financiera de los Municipios y Comunas los que lejos de sanear sus cuentas, van a contraer más deuda”, denunció Amalia Granata.


Por Rafael

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